Perú en la mitigación global del cambio climático
por Eduardo Durand – Director de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH)

En los últimos años, el Perú ha dado pasos importantes para incorporar de manera articulada los criterios de sostenibilidad y de gestión de los impactos del cambio climático, en su concepción de desarrollo y acciones consecuentes.

Una prueba de ello es la presentación de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, documento que refleja el importante esfuerzo del país por impulsar un conjunto de políticas y acciones concretas en ordenamiento institucional, que permitan formular una respuesta a los compromisos nacionales e internacionales para la mitigación y adaptación a este fenómeno global. A través de su Segunda Comunicación Nacional, el Perú cumple con su compromiso de informar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) sobre sus emisiones y niveles de captura de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y las medidas puestas en vigor para incorporar la temática en los sectores y organizaciones públicas vinculadas al desarrollo nacional.

En nuestro país, las emisiones proceden principalmente de dos fuentes de magnitud equivalente. Una es el conjunto de actividades para el desarrollo económico y social, y la otra procede de la deforestación o conversión de bosques en la Amazonía, que es en sí la mayor fuente de emisiones y, al mismo tiempo, la mayor fuente potencial de captura de GEI. A pesar de nuestra condición vulnerable frente al cambio climático, el Perú sólo produce un 0.4% de los GEI, al igual que países como Nueva Zelanda o Dinamarca; la diferencia, no obstante, radica en que el PBI de estos dos últimos es 4 ó 5 veces mayor al nuestro y, por tanto, están más preparados para afrontar los efectos del cambio climático. Esta comparación, por otra parte, llama la atención ante la posibilidad de que podemos convertirnos, de seguir nuestro crecimiento económico, en un país de emisiones per cápita relativamente altas. Podemos decir al respecto, que el país está afrontando con firmeza el compromiso adquirido con la comunidad internacional de luchar contra el cambio climático impulsando medidas desde diversos ámbitos, para contribuir a alcanzar las metas, sin perjuicio de un desarrollo sostenible.

En esa línea, los resultados que presenta este valioso documento de consulta obligatoria revelan la naturaleza transversal de la gestión del cambio climático que trasciende el tratamiento ambiental pues afecta a la base nacional de los recursos naturales y condiciona la economía y el bienestar social. Pero además destaca la necesidad de transitar hacia una economía baja en carbono, que nos permita reducir nuestra gran dependencia energética de los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global.

Si bien nuestra matriz energética tiene un alto componente de generación hidroeléctrica, aún tenemos una importante dependencia de combustibles con base en el petróleo. Existe, sin embargo, un gran potencial para la generación de electricidad con energías renovables que se generan con fuentes no agotables y no contaminantes. El Estado ha fomentado la producción y el uso de energías limpias a través de la aprobación de diversas normas legales que impulsan la inversión en la generación eléctrica basada en energías limpias; y por otra parte, se ha dado incentivos tributarios aplicables a las maquinarias, equipos y obras civiles para la instalación y operación de centrales, con miras a promover el desarrollo de la inversión privada en recursos renovables. Adicionalmente, se han incorporado incentivos que otorgan prioridad al aprovechamiento y desarrollo de proyectos de electrificación rural con base en los recursos energéticos limpios. De hecho, el Perú ha tomado una decisión importante al plantearse la ambiciosa meta de que al año 2021 las energías limpias representen por lo menos un 40% de la matriz energética nacional.

También ha habido avances sustanciales a nivel de los arreglos institucionales. El país cuenta con una Política Nacional del Ambiente, que es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible y, además, enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales en materia ambiental. Sobre esta base, el Ministerio del Ambiente está trabajando en una nueva estrategia nacional de gestión del cambio climático, que incluye lineamientos estratégicos de adaptación y mitigación para los procesos de planificación sectorial, regional y local, y la consideración de los impactos del cambio climático en las actividades productivas y de servicios en el país.

Pero aún hay tareas pendientes. Debemos apuntar a un crecimiento económico que no conlleve una trayectoria “acoplada” de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, debemos reducir estas emisiones y al mismo tiempo seguir procurando un desarrollo sostenible con tasas de crecimiento significativo que atiendan a las necesidades de toda nuestra población. La tarea pendiente pasa por incluir la gestión de los impactos del cambio climático en todos los procesos de desarrollo en marcha, en la previsión financiera, el presupuesto fiscal, las normas y leyes, así como en la creación de nuevas instituciones y el manejo integrado de los recursos naturales.

Se ha avanzado mucho desde la presentación de nuestra Primera Comunicación, en junio de 2001, y la Estrategia de Cambio Climático del 2003, pero aún se requiere un mayor esfuerzo para fortalecer las capacidades institucionales, así como los vacíos que deben cubrirse para migrar a una economía baja en carbono y mejor adaptada al cambio climático.